El acceso a la justicia de las personas con discapacidad
El acceso a la justicia es un derecho fundamental de todas las personas, incluyendo aquellas con discapacidad.
Hay varios tipos de barreras que pueden dificultar el acceso a la justicia para las personas con discapacidad. A continuación se describen algunas de las principales barreras:
- Barreras físicas. Estas incluyen la falta de accesibilidad en los edificios de tribunales, la falta de tecnología de asistencia y la falta de señalización y orientación.
- Barreras de comunicación. Estas incluyen la falta de interpretación y apoyo para personas sordas, ciegas o con discapacidades del habla, así como la falta de información accesible.
- Barreras de comprensión. Estas incluyen la falta de información sobre cómo usar el sistema de justicia, la falta de comprensión de los procedimientos legales y la falta de apoyo para la toma de decisiones.
- Barreras económicas. Estas incluyen la falta de recursos para pagar abogados, la falta de apoyo financiero para la accesibilidad y la falta de servicios de asistencia pro bono.
- Barreras actitudinales. Estas incluyen la discriminación, el estigma y la falta de sensibilización sobre las necesidades de las personas con discapacidad.
Es importante tener en cuenta que estas barreras pueden interactuar y afectar aún más el acceso a la justicia para las personas con discapacidad. Es esencial implementar medidas para abordar y eliminar estas barreras para garantizar un acceso justo y equitativo a la justicia para todos.
Igualdad de oportunidades.
Además, es fundamental que se garantice la igualdad de oportunidades en el acceso a la justicia y que se proteja a las personas con discapacidad contra la discriminación. Esto puede lograrse mediante la aplicación de leyes y políticas que aborden estas cuestiones, así como a través del apoyo a organizaciones que trabajen en defensa de los derechos de las personas con discapacidad.
El acceso a la justicia de las personas con discapacidad es un tema crucial que requiere de la atención y el compromiso de todos para garantizar que todas las personas tengan acceso efectivo a los sistemas de justicia.
Plena Inclusión está realizando un intenso trabajo para mejorar las condiciones de acceso a la justicia de las personas con discapacidad y/o trastornos del neurodesarrollo. Os enlazamos el protocolo que han diseñado para la actuación del Facilitador procesal.
Fundamentan esta figura en el artículo 7 bis de la Ley del enjuiciamiento, que reconoce la obligación de la administración de Justicia en realizar adaptaciones y ajustes cuando sean necesarios para garantizar la participación de las personas con discapacidad en condiciones de igualdad. El objetivo último es asegurar la participación eficaz de la persona con discapacidad y del desarrollo en cualquier tipo de procedimiento, independientemente de su rol dentro del mismo.
Ajustes razonables para garantizar el acceso a la justicia
En el contexto de los procesos judiciales, los ajustes razonables pueden incluir:
- Facilitar el acceso físico a los tribunales y salas de audiencia, por ejemplo, proporcionando rampas, barras de apoyo y sistemas de amplificación de sonido.
- Proporcionar apoyo para la comunicación. Por ejemplo, contratando a intérpretes de lengua de signos o proporcionando materiales escritos en una fuente fácil de leer.
- Proporcionar tiempo y espacio adicional para la participación en el proceso judicial. Por ejemplo, permitiendo que las personas con discapacidad tomen descansos más frecuentes durante las audiencias o proporcionando tiempo adicional para presentar pruebas.
- Proporcionar apoyo para la comprensión del proceso judicial. Por ejemplo, proporcionando explicaciones sencillas y en términos fáciles de entender o contratando a un asesor o intérprete para ayudar a la persona con discapacidad a comprender lo que está sucediendo.
- Proporcionar sentencias en lectura fácil, es decir, en un lenguaje sencillo y fácil de entender para aquellas personas que tienen dificultades para comprender el lenguaje técnico o legal.
Es importante señalar que los ajustes razonables deben ser específicos para cada persona y deben ser proporcionados de manera justa y razonable, teniendo en cuenta el costo y la viabilidad. Además, es importante que se involucre a la persona con discapacidad en la determinación de qué ajustes razonables son necesarios y cómo deben implementarse.
