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El acceso a la justicia de las personas con discapacidad

El acceso a la justicia es un derecho fundamental de todas las personas, incluyendo aquellas con discapacidad.

Hay varios tipos de barreras que pueden dificultar el acceso a la justicia para las personas con discapacidad. A continuación se describen algunas de las principales barreras:

  1. Barreras físicas. Estas incluyen la falta de accesibilidad en los edificios de tribunales, la falta de tecnología de asistencia y la falta de señalización y orientación.
  2. Barreras de comunicación. Estas incluyen la falta de interpretación y apoyo para personas sordas, ciegas o con discapacidades del habla, así como la falta de información accesible.
  3. Barreras de comprensión. Estas incluyen la falta de información sobre cómo usar el sistema de justicia, la falta de comprensión de los procedimientos legales y la falta de apoyo para la toma de decisiones.
  4. Barreras económicas. Estas incluyen la falta de recursos para pagar abogados, la falta de apoyo financiero para la accesibilidad y la falta de servicios de asistencia pro bono.
  5. Barreras actitudinales. Estas incluyen la discriminación, el estigma y la falta de sensibilización sobre las necesidades de las personas con discapacidad.

Es importante tener en cuenta que estas barreras pueden interactuar y afectar aún más el acceso a la justicia para las personas con discapacidad. Es esencial implementar medidas para abordar y eliminar estas barreras para garantizar un acceso justo y equitativo a la justicia para todos.

Igualdad de oportunidades.

Además, es fundamental que se garantice la igualdad de oportunidades en el acceso a la justicia y que se proteja a las personas con discapacidad contra la discriminación. Esto puede lograrse mediante la aplicación de leyes y políticas que aborden estas cuestiones, así como a través del apoyo a organizaciones que trabajen en defensa de los derechos de las personas con discapacidad.

El acceso a la justicia de las personas con discapacidad es un tema crucial que requiere de la atención y el compromiso de todos para garantizar que todas las personas tengan acceso efectivo a los sistemas de justicia.

 Plena Inclusión  está realizando un intenso trabajo para mejorar las condiciones de acceso a la justicia de las personas con discapacidad y/o trastornos del neurodesarrollo. Os enlazamos el protocolo que han diseñado para la actuación del Facilitador procesal. 

Fundamentan esta figura en el artículo 7 bis de la  Ley del enjuiciamiento, que reconoce la obligación de la administración de Justicia en realizar adaptaciones y ajustes cuando sean necesarios para garantizar  la participación de las personas con discapacidad en condiciones de igualdad.  El objetivo último es asegurar la participación eficaz de la persona con discapacidad y del desarrollo en cualquier tipo de procedimiento, independientemente de su rol dentro del mismo.

Ajustes razonables para garantizar el acceso a la justicia

En el contexto de los procesos judiciales, los ajustes razonables pueden incluir:

  1. Facilitar el acceso físico a los tribunales y salas de audiencia, por ejemplo, proporcionando rampas, barras de apoyo y sistemas de amplificación de sonido.
  2. Proporcionar apoyo para la comunicación. Por ejemplo, contratando a intérpretes de lengua de signos o proporcionando materiales escritos en una fuente fácil de leer.
  3. Proporcionar tiempo y espacio adicional para la participación en el proceso judicial. Por ejemplo, permitiendo que las personas con discapacidad tomen descansos más frecuentes durante las audiencias o proporcionando tiempo adicional para presentar pruebas.
  4. Proporcionar apoyo para la comprensión del proceso judicial. Por ejemplo, proporcionando explicaciones sencillas y en términos fáciles de entender o contratando a un asesor o intérprete para ayudar a la persona con discapacidad a comprender lo que está sucediendo.
  5. Proporcionar sentencias en lectura fácil, es decir, en un lenguaje sencillo y fácil de entender para aquellas personas que tienen dificultades para comprender el lenguaje técnico o legal.

Es importante señalar que los ajustes razonables deben ser específicos para cada persona y deben ser proporcionados de manera justa y razonable, teniendo en cuenta el costo y la viabilidad. Además, es importante que se involucre a la persona con discapacidad en la determinación de qué ajustes razonables son necesarios y cómo deben implementarse.

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