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La discapacidad es una cuestión de Derechos Humanos

La discapacidad es una cuestión de derechos humanos en el sentido de que todas las personas con discapacidad tienen derecho a disfrutar de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con las demás personas. Esto incluye el derecho a la vida, a la igualdad de oportunidades, a la no discriminación, a la educación, a la participación en la vida política y a la igualdad ante la ley, entre otros.

Se regula por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas (CDPD) es un tratado internacional que reconoce la igualdad de derechos y la dignidad inherente de todas las personas con discapacidad. La CDPD establece un marco legal para promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas con discapacidad.

Esta Convención reconoce que las personas con discapacidad enfrentan barreras sociales y arquitectónicas que impiden el pleno ejercicio de sus derechos. Es necesario cambiar la forma en que la sociedad piensa y actúa respecto a la discapacidad para garantizar la igualdad de oportunidades y el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.

Los ajustes razonables en la Convención de Derechos Humanos

Son medidas que se pueden tomar para garantizar que las personas con discapacidad puedan disfrutar de los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que las demás personas, en igualdad de condiciones. Los ajustes razonables pueden incluir cambios en el entorno físico, como la eliminación de barreras arquitectónicas. También cambios en las prácticas y políticas, como la provisión de servicios de interpretación en lenguaje de señas.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas (CDPD) establece la obligación de los Estados Partes de adoptar medidas apropiadas para asegurar que las personas con discapacidad puedan disfrutar de sus derechos en igualdad de condiciones con las demás personas. Estas medidas pueden incluir la adopción de ajustes razonables en el entorno y en las prácticas y políticas.

En España

En España, los ajustes razonables están regulados por la LIONDAU. Esta ley establece la obligación de los entes públicos y privados de adoptar medidas apropiadas para garantizar la igualdad de oportunidades. Se debe garantizar también el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.

La LIONDAU establece que los entes públicos y privados deben adoptar medidas de accesibilidad y ajustes razonables. El objetivo es eliminar las barreras que impidan el acceso de las personas con discapacidad a bienes, servicios, información y comunicación. Estas medidas pueden incluir la eliminación de barreras arquitectónicas, la provisión de servicios de interpretación en lenguaje de señas y la adaptación de las prácticas y políticas para hacerlas accesibles para las personas con discapacidad.

Sin embargo, la ley también establece que estos ajustes solo deben implementarse si son razonables en función de las circunstancias y el costo para la empresa o el organismo en cuestión. En resumen, la regulación de ajustes razonables en la Ley de Igualdad de Oportunidades establece que las empresas y otros organismos deben implementar medidas adecuadas para garantizar el acceso de las personas con discapacidad a igualdad de oportunidades, siempre que estas medidas sean razonables en función de las circunstancias y el costo.

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